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Texto: Flor Muñoz López
Diseño gráfico: Jani Rivera

Durante el siglo XVI España logró conformar un gran imperio en el continente americano. Para contener las ambiciones de los conquistadores y obtener los mayores beneficios económicos de sus colonias, los reyes debieron establecer un sistema administrativo centralizado que les permitiera lograr ambos objetivos, tarea especialmente difícil debido a la lejanía de los dominios.

La corona española había adquirido compromisos con la Iglesia católica, ya que la conquista militar se justificó, en gran medida, por la misión de evangelizar a la población nativa. Para ello el Papa concedió a los monarcas el Regio Patronato Indiano que les permitía ejercer, en las Indias, autoridad sobre los asuntos eclesiásticos. De esta manera Iglesia y Estado se integraron para consolidar la obra.

El absolutismo era la forma de gobierno predominante en Europa, lo que propiciaba el otorgamiento, por parte del rey, de beneficios y prebendas a sus súbditos, que de esta forma quedaban obligados con él. En la Nueva España delegó poderes a diversos grupos o corporaciones, quienes adquirieron privilegios y derechos particulares que los diferenciaba de los demás.

Cada uno de los grandes grupos étnicos: indios, españoles, negros y castas, fue protegido con una serie de disposiciones que tendían a conservarlos como tales, al mismo tiempo que los rodeaban de privilegios y jurisdicciones que reglamentaban desde su forma de vestir hasta sus derechos políticos. Este proceso afectó a grupos más específicos: clero regular y secular, comerciantes, hacendados, mineros, artesanos, universidad, pueblos de indios; a cada uno de estos sectores se le otorgaron diversos privilegios según la función social que desempeñaban(1).

Como consecuencia surgieron, dentro de la sociedad novohispana, la república de indios y la de españoles, de tal suerte que los indígenas vivían dentro de un régimen legal diferente al español. Cada grupo tenía derechos particulares así como sus propios cabildos(2). Corporaciones como la Iglesia y los comerciantes gozaban del privilegio de contar con sus propios tribunales.


(1) Ver: Historia general de México, México, El Colegio de México, 2000, p. 368.

(2) El cabildo o ayuntamiento era el órgano de gobierno y justicia de los pueblos. Estaba integrado por: gobernador, alcaldes, regidores, alguaciles.
Ver: Historia general de México, México, El Colegio de México, 2000, p. 253.


 

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