La fuerza de la costumbre
En contraste con otras naciones, nosotros nos hemos acostumbrado a que “así son las cosas”. A la mayoría nos pasa desapercibido que informar tiene que ser una obligación para el que ofrece un producto o un servicio.
Si consideramos que el derecho a la salud se ha elevado a rango constitucional, resulta un contrasentido que, aun teniendo instituciones públicas que cumplen algún papel a este respecto, no haya disposiciones específicas para satisfacer la necesidad de un consumidor que además esta enfermo y necesita el tratamiento.
Cierto: no hay en la ley un ordenamiento específico, pero esto no quiere decir que sea innecesario. Tendríamos que contar con cuadros comparativos que nos permitieran decidir en dónde comprar el medicamento y elegir la marca comercial que nos ofrezca alguna ventaja.
Tiene mucho de absurdo que ese tipo de información esté disponible para otras cosas como los créditos hipotecarios , las licuadoras o incluso artículos suntuarios, como un automóvil de lujo; pero no para algo en lo que está comprometido el bienestar de las personas y en ocasiones su vida.
Una libre competencia artificial
En términos estrictos —al menos bajo la lógica de nuestra economía y los postulados que se empeña en impulsar—, los distribuidores de medicamentos tendrían que luchar por la clientela en los mismos términos en que lo hace cualquier otro giro comercial. Bajando precios, ofreciendo mejor servicio o brindando mayor calidad.
Exagerando un poco, tendrían una manera de operar bastante similar a la de los legendarios gángsteres de Chicago. “Todos estamos en el negocio, pero nos manejamos en cómplice discreción, respetamos la clientela de las otras familias ”. Cada grupo y cada establecimiento tiene su nicho de mercado, pero algo hay en común, manteniendo la mayor ventaja para el establecimiento y haciendo de una enfermedad, un ambiente propicio para el abuso.
La filosofía parece ser: “Cualquiera busca satisfacer una necesidad. El enfermo además, tendrá que hacerlo con el apremio que le provoca el malestar, con relativo gusto se pondrá en nuestras manos”.
Aparece de nuevo la vieja ironía.
¿Es legal? Sin duda. Toda farmacia cuenta con los correspondientes permisos, autorizaciones y licencias. Sus prácticas comerciales se ajustan a lo establecido en la ley.
¿Es legítimo, humanitario o ético? Esto es parte de otra historia y forzar un cambio nos corresponde a nosotros, los consumidores.
