Más
tarde, se exigió la confirmación de no estar enfermo
de sífilis como condición para contraer matrimonio,
y es obligatoria también la declaración de enfermedades
epidémicas, si bien muchos médicos no hacen caso de
este requisito, sobre todo cuando se trata de enfermedades estigmatizadas.
La
amenaza de discriminación ha tenido gran efecto sobre la
forma en que los portavoces de grupos muy vulnerables al VIH han
exigido una estricta protección de la confidencialidad.
También en este punto, tanto factores éticos como
pragmáticos han propiciado el interés del sector
salud para fomentar el respeto a la vida privada. Las autoridades
sanitarias establecieron la práctica de exámenes
en condiciones de anonimato para resolver el problema de la desconfianza
de los enfermos. Sin embargo, hay defensores de la notificación
obligatoria de los casos de sida, quienes alegan que con ella
el Estado podría vigilar la prevalencia de la infección
y proporcionar información a posibles afectados.
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La
posibilidad de violar la confidencialidad para alertar a las parejas
sexuales que no sospechan nada, es también motivo de intensos
debates y ha dado lugar incluso a juicios. ¿Debe extenderse
el informe médico a terceras personas en peligro cuando el
paciente se niega a informar a su o sus parejas sexuales o a aquellos
con los que comparte jeringas? En muchos casos, ha prevalecido el
derecho a la vida privada. Hay países que no imponen restricción
alguna a los enfermos de sida, otros que aísla a aquellos que
presentan una conducta peligrosa, y un par que ponen en cuarentena
a todos los afectados.
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