Más tarde, se exigió la confirmación de no estar enfermo de sífilis como condición para contraer matrimonio, y es obligatoria también la declaración de enfermedades epidémicas, si bien muchos médicos no hacen caso de este requisito, sobre todo cuando se trata de enfermedades estigmatizadas.

La amenaza de discriminación ha tenido gran efecto sobre la forma en que los portavoces de grupos muy vulnerables al VIH han exigido una estricta protección de la confidencialidad. También en este punto, tanto factores éticos como pragmáticos han propiciado el interés del sector salud para fomentar el respeto a la vida privada. Las autoridades sanitarias establecieron la práctica de exámenes en condiciones de anonimato para resolver el problema de la desconfianza de los enfermos. Sin embargo, hay defensores de la notificación obligatoria de los casos de sida, quienes alegan que con ella el Estado podría vigilar la prevalencia de la infección y proporcionar información a posibles afectados.


La posibilidad de violar la confidencialidad para alertar a las parejas sexuales que no sospechan nada, es también motivo de intensos debates y ha dado lugar incluso a juicios. ¿Debe extenderse el informe médico a terceras personas en peligro cuando el paciente se niega a informar a su o sus parejas sexuales o a aquellos con los que comparte jeringas? En muchos casos, ha prevalecido el derecho a la vida privada. Hay países que no imponen restricción alguna a los enfermos de sida, otros que aísla a aquellos que presentan una conducta peligrosa, y un par que ponen en cuarentena a todos los afectados.
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